El umbral del desarrollo

Nuestra generación, auspiciada por los vientos favorables que soplan en la parte económica, ha escuchado incansablemente que Chile se encamina al desarrollo. Que el año 2000, que para el bicentenario, que para el 2030... siempre la fecha parece alejarse más y más. Las causas son variadas: no se creyó que podría haber una crisis proveniente de los países asiáticos y hubo que recuperarse; o la crisis vino desde los Estados Unidos y no se le supo hacer frente; o vino un desastre natural y los esfuerzos del gobierno se orientaron a solucionar la catástrofe; la lista podría seguir por el largo de esta columna. El punto sigue siendo el mismo: Chile se estanca en los países de ingresos medios-altos desde la mirada estrecha del PIB per cápita, por más que hayamos sido admitidos dentro de la OCDE (los países ricos, se supone).

Las respuestas a este estancamiento ya se han perpetuado desde un lado y de otro. Unos señalan que es la falta de dinamismo de la economía; alegan que se les ponen trabas al emprendimiento, que se demoniza el lucro, que debe haber más libertad personal y menos Estado. Los otros señalan que se debe corregir la desigualdad rampante en el país, y "corregir el modelo", apuntando a las protestas públicas que se sucedieron durante el pasado lustro, y apuntan a la educación como motor de ese cambio.

La pregunta que nos queda a nosotros, los más jóvenes, es si el problema del desarrollo puede solucionarse por referencia a una ideología -neoliberalismo económico y ultracapitalismo- o por el pragmatismo de suponer que una educación de calidad puede corregir los abusos del sistema. Y esa pregunta se pone más de relieve cuando sabemos que ciertos grupos económicos habrían intentado, derechamente, defraudar al Estado con el objeto de reducirse los impuestos, utilizando incluso el financiamiento de campañas políticas con esa finalidad. Más todavía si consideramos que, en gran parte, la estructura productiva del país está concentrada.

Y es que lo que nadie ha considerado es que Chile, desde un tiempo a esta parte, sólo exhibe números negativos. Las exportaciones de cobre crecieron al punto en que un porcentaje no despreciable del PIB depende de ellas; nuestra diversidad de exportaciones cayó, concentrándonos en bienes que no son de primera necesidad y que carecen de un valor agregado suficiente para permitir el crecimiento económico durable; la competitividad de nuestra economía decae y decae, producto de malas políticas educacionales que nos tienen como uno de los peores (104º del mundo!) países en torno al conocimiento matemático y científico; existe más de un 70% de personas con escolarización suficiente, pero con analfabetismo funcional; y en general, el sistema instaurado en Chile se conforma con entregar mínimos: sueldos, salud, pensiones -y todavía celebra cuando "baja" la estadística de pobreza.

¿Será que el problema está en que los grupos económicos pretenden perpetuarse sobre la base de mantener la estructura productiva primaria que existe, y están dispuestos a torcer las leyes y beneficiarse ellos y tan sólo ellos de las normas? No estamos haciendo nada por corregir las deficiencias que nos mantienen en el umbral del desarrollo.

Un concepto económico

Cerca de mi casa se coloca una feria, los días domingo. Antes iba a la del sábado; pero como queda sustancialmente más lejos y además he tomado el hábito de descansar algo del cansancio de la semana esa mañana, no he vuelto a ir allá. Sin embargo, he notado que el tamaño de mis verduras ha ido decreciendo paulatinamente y que son de peor calidad, como también que el gasto que realizo todas las semanas es mayor. Más preocupante, he notado que los precios de las verduras no varían sustancialmente entre puesto y puesto (habida cuenta de la diferencia de calidad al interior de la misma feria): si una lechuga costina escuálida cuesta 800 pesos (!) en un puesto, en el que sigue, donde la lechuga está lozana, cuesta 1200, lo mismo que en el puesto de más allá, donde también se ve fresca.

¿Cómo explicar que con una diferencia de un día y unas pocas centenas de metros baje la calidad de la fruta y la verdura y además suban los precios? Adoptando la postura de un “purista” del libre mercado, a primera vista se llegaría a la conclusión de que la oferta entre los dos competidores (el del día sábado y el del día domingo) significa un ahorro comparativo mayor, y que el comprador debiera elegir aquella alternativa que le represente un costo menor, es decir, debería desechar mi descanso e ir a la feria del día sábado. Sin embargo, esa elección significa por sí misma un costo: el denominado “costo de oportunidad”, es decir, que mi descanso posee un valor en sí mismo y que es ese costo el que me lleva a comprar fruta y verdura de peor calidad y de mayor valor; la competencia estaría entre ferias, no entre puestos. Ahora bien, considerando ese costo de oportunidad, tampoco sigue siendo una buena opción la feria del domingo. El problema, es que bajo ese supuesto racional, la feria del día sábado se llenaría, lo que no sucede, y la del domingo tendría mucho menos público, lo que tampoco sucede. Los clientes de la feria no es que elijan la comodidad o le asignen un valor; simplemente dependen de otros factores no susceptibles de valoración directa (distancia, tiempo, cansancio) para efectuar su decisión, lo que termina significando que están cautivos de ese mercado en específico.

¿Qué anda mal entonces? Un convencido libertario diría que el problema son los permisos municipales. Para instalarse en una feria libre, el propietario del puesto debe pagar los permisos respectivos, por lo que, liberándolo de esa carga, se permite que cualquier persona pueda instalarse a vender frutas y verduras, obteniendo mayor competencia y por ende un menor costo para el usuario (y de paso, bajando los costos al usuario). Los permisos serían barreras de entrada para la competencia, por lo que su eliminación redundaría en una mayor oferta al usuario, bajando los precios. Sin embargo, esta postura asume un ceteris paribus enorme: que la baja en el precio no implicará, a su vez, una baja en la calidad de las frutas y verduras ofrecidas. Siguiendo el ejemplo de la verdura: es cierto, los ochocientos pesos son extremadamente caros para un corazón de lechuga costina, pero la solución no es poner a la venta lechugas pasadas a seiscientos. Si varios consumidores prefieren el bien de menor calidad en razón de su precio (que bajo un presupuesto restringido, es prácticamente la única consideración posible), lo que sucede es quien vende un bien de mejor calidad se ve forzado a tratar de vender los suyos a un menor precio, pero como no controla la calidad del bien, ya que no lo produce por sí mismo, se ve forzado a vender él mismo bienes de peor calidad, por lo que se arregla una parte, el precio, pero estropea la otra. Por otra parte, la eliminación de los permisos no resulta por sí misma un beneficio al consumidor, ya que el ahorro del feriante puede no verse traspasada a los precios.

Dentro de la descripción de la situación también se encuentra un problema que bajo las dos perspectivas anteriores se halla tratado en forma bastante liviana: el real problema es que en la feria del día domingo no hay una competencia real en torno a los precios. Los feriantes poseen precios similares a bienes de la misma calidad, por lo que la opción de los consumidores no influye realmente en la determinación de los mismos. La feria del sábado posee bajo ese respecto una mejor competencia, permitiendo que frente a productos similares exista una disparidad de precios y las personas puedan elegir los mejores bienes a mejores precios.

Este ejemplo podría aplicarse a muchas situaciones de la vida cotidiana, como el sistema de AFP, las isapres o los supermercados, donde la respuesta no apunta a cuáles son las condiciones reales de los mercados y si ellos son competitivos o no (particularmente en el caso de las AFP). No es que sea necesario "profundizar el modelo", sino que, desapasionadamente y sin ideologías (como la neoliberal), sentarse y ver qué cosa corresponde realmente a un modelo de libre mercado.

Un juego perder-perder

Escribo esta entrada mientras veo la votación del Senado respecto de la acusación constitucional en contra del ministro Harald Beyer, y sinceramente creo tener sentimientos encontrados respecto de ella.

En principio, la acusación constitucional es un medio establecido en la Constitución que corresponde no a un "juicio político", como se dice habitualmente, sino a la forma de remoción de determinadas autoridades frente a causales graves referidas a cuestiones de seguridad nacional, o la infracción abierta a la Constitución y las leyes, es decir, la actuación que a sabiendas va en contra del ordenamiento jurídico. No se trata de la pérdida de confianza del Congreso en el ministro, ni de establecer sus responsabilidades frente a infracciones de carácter menor, sino por el contrario, de un procedimiento frente a situaciones de crisis.

La situación de la acusación constitucional queda mejor graficada con una que se acogió bajo el imperio de esta Constitución. El ministro Hernán Cereceda fue acusado constitucionalmente por una serie de infracciones en el ejercicio de la judicatura, de carácter grave, dentro de la que se contaba la de "notable abandono de deberes". En este caso se estaba hablando de un ministro que fue catalogado como "venal", es decir, que vendía sus fallos, y fue por esos motivos, con los votos de tres senadores de RN (Ortiz de Filippi, Pérez Walker y el propio Sebastián Piñera) que terminó por acogerse la referida acusación. Estamos hablando de alguien que abiertamente infringía la ley, y por ello se le acusó y condenó.

Sin embargo, la acusación constitucional también puede usarse como modo de desestabilizar el gobierno frente a un Congreso hostil. La destitución de Yasna Provoste no gustó a nadie precisamente porque sentó un precedente horrible: podía lograrse que un ministro que tenía la confianza del Presidente fuera sacado de su puesto únicamente sobre la base de una mayoría acomodaticia. La destitución de Beyer puede explicarse no como una "venganza política" por la anterior, sino por el hecho de que aplicando el estándar de convicción y juicio utilizado en ella, se llegaba al mismo resultado. Es decir, es lógico que se destituya a Harald Beyer, el problema está en que los argumentos para hacerlo fueron rebajados a un nivel ínfimo.

¿Y quién gana? La respuesta es que nadie: si bajan los estándares de convicción para poder acoger el medio excepcional que constituye la acusación constitucional, se invita a que hayan nuevas, permitiendo una suerte de rotativa ministerial, que tanto daño le hizo al país en su momento. Es decir, quienes aspiren a formar gobierno deberán ser extremadamente cuidadosos, ya que cualquier error menor significará la posibilidad de ser acusados constitucionalmente, y aun sin la inhabilidad hoy establecida -recalcando su carácter excepcional- se podrá sacar de en medio a un ministro, sin importar su labor al interior del gabinete.

Pero en este caso no se necesita una reforma constitucional. Sólo se necesita que se aleje el partisanismo y que reine la sensatez y la buena interpretación de la Constitución. Desde hace un tiempo eso falla.

A propósito del proyecto de ley sobre Orden Público

La verdad es que la mayor parte de las falencias que tiene el proyecto de ley 7975-25 que actualmente está en la comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados -se vota la semana que viene, porque esta es distrital- ya han sido largamente comentadas. 

Sí me parece relevante comentar a propósito del proyecto de ley mencionado dos cosas que han sido las más chocantes a mí entender: la incapacidad de los propios "futuros afectados" de encontrar un punto relevante en la discusión del proyecto, y la polarización que existe en el debate público al respecto. 

Convengamos que la ley propuesta (lo que puede leerse hasta ahora en el mensaje y la indicación del Ejecutivo) es francamente deplorable. Pero no porque restrinja el "derecho a la protesta", que parece ser el eje de la cuestión. Es cierto que se restringe en alguna medida el derecho a la protesta, pero el fundamento -actos de violencia en el contexto de una marcha- permanece intacto. De hecho, esa violencia también afecta el derecho a la protesta y nadie la ha marcado como tal. La cuestión, por ende, apunta al conflicto político que genera una ley de esta naturaleza: la ley es mala porque políticamente expresa una concepción determinada del derecho penal como primera solución frente a un conflicto subyacente que es mucho más amplio, o tal como diría el presidente de la comisión que trata el proyecto, que la ley debe castigar el delito, sin importar los principios del derecho penal, que son "buenos para los libros". La respuesta del Estado ante un problema social desencadenado por un sistema que se propugna a sí mismo como defensor de libertades pero que defiende privilegios no puede ser castigar las formas por las cuales existe un descontento, sino eliminar las causas del mismo. 

Esto, al revés de lo que se piensa habitualmente, no es un mero problema de abogados insistentes con su propia teoría de cómo es el derecho, sino tiene que ver con la baja calidad de la discusión pública y parlamentaria en la actualidad y la baja posibilidad de generar un debate serio. La respuesta general a cualquier problema ha sido la penalización y los resultados han sido desastrosos. El ejemplo más patético de esta situación en el proyecto de ley sobre Orden Público es el añadido al artículo 261 del Código Penal: incorpora a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería en los delitos cometidos contra autoridades públicas en el ejercicio de su cargo, lo que consistentemente significaría ¡que los atentados anteriores no eran delito! Basta leer el numeral segundo para entender que la palabra "agentes" que utiliza la ley penal incluye expresamente a las policías y gendarmes cuando ellos están ejerciendo las funciones que la ley les exige, inclusive las órdenes emanadas de un superior (con la debida obediencia reflexiva, eso sí) ¡Pero nadie ha apuntado a la irracionalidad manifiesta del proyecto! 

Otra cuestión relevante -y que nadie la ha puesto de relieve- es que los delitos propuestos, más allá de las cuestiones obvias (como que nadie puede ser responsable penalmente por los delitos de otro, como sugiere el proyecto, y que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito) son exactamente idénticos al artículo 6º de la Ley de Seguridad del Estado. La invocación de la LSE generalmente significa un problema político puesto que se reconoce implícitamente que el Estado ha perdido legitimidad pero más importantemente, que ha perdido el control de la situación. El proyecto de ley salva eso y lo convierte en derecho común, no excepcional como lo es ahora.

Si nos enfocamos en la materia, la oposición al proyecto de ley sobre Orden Público debiese ir dada por la regulación incompetente de la libertad de reunión en el derecho chileno, a la par que se propone una nueva ley que regule la materia (en concordancia con los tratados internacionales suscritos por Chile) y además porque efectivamente se respeten las reglas del juego, aplicando las sanciones correspondientes a quienes ocasionen el vandalismo (que es el real problema, no las tomas ni los cortes de calles, que en el texto de la ley parecen ser tan vandálicos como saquear un local comercial). Y eso que no estamos considerando que estas leyes, en vez de silenciar los problemas, los magnifican, como sucedió en el Quebec cuando se aprobó una ley similar ante las protestas estudiantiles. 

La segunda cuestión viene dada por la polaridad que genera el debate. Cualquiera que se opone al debatido proyecto de ley es un "encapuchado" (lo que significa eso, todavía no lo tengo claro: ¿es cubrirse la cabeza? ¿usar bufanda es ir encapuchado? ¿y si protesta una musulmana, está encapuchada?), mientras que los otros apuntan a los derechos humanos encubriendo el problema que genera la presentación del mensaje presidencial.

Yo me quedo con la idea de que el proyecto es innecesario porque nuestro Código Penal -vetusto y amargo- ya tiene los medios para combatir los males que se generan con el alza en las protestas. Falta tal vez mejor entrenamiento a Carabineros para que la violencia se disipe, pero por sobre todo, mejor educación. Incluida mejor educación para quienes redactan barbaridades como el proyecto sobre Orden Público.

Análisis de la propuesta de Libertad y Desarrollo sobre reforma tributaria

Partamos por el principio: no porque lo diga Libertad y Desarrollo es per se malo. Hay que analizarlo detenidamente como todas las propuestas de reforma tributaria y entender cuál es el trasfondo propuesto, cuáles son sus alcances y orientaciones y principalmente, qué se sigue de la aplicación de su modelo. Por otra parte, y si bien LyD tiene entre sus filas a gente con mucha llegada al actual gobierno, no hay que entenderlo tampoco como una propuesta más seria o completa que, por ejemplo, la que harían los estudiantes, Marco Enríquez-Ominami o cualquier hijo de vecino. La cuestión sobre la carga tributaria implica una discusión política profunda respecto de los méritos y defectos de la misma y una toma de posturas que debiese verse reflejada en el voto, no una cuestión meramente técnica que debe ser tratada por especialistas.

Luego de la advertencia preliminar, cabe abocarse a la propuesta misma. Libertad y Desarrollo estima necesaria una reforma tributaria que tenga como objetivo el crecimiento económico, cuyo efecto multiplicador generaría una mejoría en los índices de empleo lo que a su vez redunda en una mejor distribución del ingreso, atendido que los ingresos autónomos de los sectores más desposeídos son bajos producto de la baja participación familiar en el mercado laboral. Explicado en términos sencillos, se busca que ambos padres trabajen ya que ello implica aumentar el nivel de ingreso y con ello las rentas per cápita, lo que reduce la brecha de ingreso familiar existente hoy en Chile, lo que estaría en la línea de los datos empíricos disponibles. Por ende, concluye la propuesta, una reforma tributaria que perjudique la inversión y generación de empleo termina aumentando la desigualdad.

En esta línea, la propuesta implica una rebaja sustancial en los impuestos a las empresas, mediante la diferenciación de la tasa aplicable a las utilidades en dos sentidos: una por concepto de utilidades retenidas versus utilidades retiradas, y otra en tramos, lo que arroja como resultado que sólo las grandes empresas tributarían por utilidades retenidas y se mantendría la tasa de 17% únicamente respecto de las rentas que superasen 1.000.000 UF. Por otra parte, se aumentarían las franquicias actualmente existentes para las personas mediante exenciones a favor de gastos en educación y salud, con un tope de $250.000.

Como puede observarse, la idea de LyD es principalmente una orientada a permitir la concentración de capital y la inversión, propiciando un escenario favorable para el crecimiento del empleo, y la inversión en capital humano. Aproximadamente, se pierden 681 millones de dólares de recaudación, los que se verían eventualmente compensados a futuro con mayor recaudación por concepto de crecimiento económico.

Una crítica muy obvia es que la reforma tributaria se plantea como un medio de aumentar el gasto social por parte del Estado -en mi postura personal, orientado a R&D desarrollado en Universidades y calificación del capital humano en todo ámbito- más que a permitir en forma directa el aumento de la inversión y el empleo. En esto, hay que efectuar un par de precisiones que al parecer no son evaluadas por parte de la propuesta: el aumento de la fuerza de trabajo es superior a la posibilidad de creación de empleo, incluso por aumentos en la inversión (principalmente, por causas migratorias) y que esos mismos empleos se orientan a formas de trabajo corrientes, sin que se genere incentivo alguno al desarrollo (que es algo bien distinto al mero crecimiento económico). Es decir, los puestos de trabajo seguirán siendo sin calificación alguna, por lo que si bien se genera un aumento de la renta per cápita familiar, no se genera una situación permanente de ingreso que solucione el problema de desigualdad, sin que se facilite tampoco una solución permanente en el largo plazo.

Por otra parte, la existencia de múltiples medios de elusión tributaria implicarán, ante todo, una posibilidad cierta de manipulación del sistema que fraccione utilidades y permita extender los beneficios tributarios de pequeños y medianos empresarios en forma completamente ajena al proyecto y su espíritu, pudiendo afectar gravemente la recaudación tributaria real.

Más aún, la propuesta que permite obtener beneficios tributarios por gastos en salud y educación es absurda: no beneficia en lo más mínimo a los quintiles de menores ingresos -que se hallan generalmente exentos, por cuanto el ingreso mínimo mensual para pagar impuestos supera largamente el medio millón de pesos- y sólo sirve para ingresos tributables altos, generando dos efectos no deseados: subvencionar a las capas más acomodadas, y particularmente, subvencionar en forma indirecta a establecimientos educacionales privados -con y sin fines de lucro- a través de exenciones tributarias. Esto sin contar con que los beneficios de salud, también en forma indirecta, irán a parar mayoritariamente en manos de instituciones de salud previsional privadas.

Es obvio que una propuesta de reforma tributaria debe ser de aquellas que permitan el diseño de mejores políticas públicas, sea a través del gasto público o a través del fomento a la inversión privada. Las falencias de la propuesta de LyD son principalmente que fracasan en los objetivos planteados, que genera consecuencias indeseables para un sistema tributario justo.

Pero más relevantemente, la experiencia inmediata nos señala que, contrariamente a lo que se viene sosteniendo repetidamente, las alzas de impuestos no afectan la inversión en forma directa. Sólo lo hacen en forma marginal, y puede que no influyan en forma decisiva cuando el alza es pequeña, como sucedió con el aumento transitorio de 3% que hubo en la tasa de primera categoría, y que expiró en el año tributario pasado. En este sentido, se puede mostrar que la tasa de desempleo ha bajado considerablemente en estos dos años, aun cuando la oferta de puestos de trabajo no haya aumentado significativamente como lo haría en el modelo planteado por LyD.

La defensa de un alza en los impuestos a las personas a través de un alza en el impuesto a las empresas tiene como objetivo la formación de capital humano medio para poder arribar a la formación de capital humano avanzado en el largo plazo, lo que se condice con todas las recomendaciones para poder alcanzar un desarrollo económico sustentable en el tiempo. Del mismo modo, la productividad mejora con trabajadores más calificados. La desigualdad es un problema de largo aliento y requiere de una solución concreta de fondo.

Responsabilidades en escuchas ilegales

De corroborarse la veracidad de la denuncia de Alejandro Navarro en contra de Rodrigo Hinzpeter, respecto de que se habría procedido a efectuar escuchas telefónicas ilegales contra el embajador de Pakistán en Chile, se presenta un escenario muy complejo en torno al cúmulo de responsabilidades que le competerían.

En primer término, está la responsabilidad política. El artículo 52 Nº 2 letra b) de la Constitución establece la posibilidad que la Cámara de Diputados levante una acusación constitucional en contra de cualquier Ministro de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por determinados delitos. Siendo riguroso, una escucha ilegal a un diplomático implica primero la afectación del honor de la Nación: falta tan gravemente a los deberes mínimos de respeto y de inviolabilidad del personal al servicio de un país extranjero, que incluso puede generar responsabilidad internacional contra Chile. Pero el asunto no se queda allí: una escucha ilegal implica desconocer el contenido de los artículos 222, 223, 224 y 225 del Código Procesal Penal, infringiéndolos en forma completa. Es decir, se han producido dos situaciones que ameritarían el establecimiento de responsabilidad política en el caso.

En segundo término, está la responsabilidad penal. El artículo 120 del Código Penal castiga al que viole la inmunidad personal o el domicilio del representante de una potencia extranjera, calidad que posee un embajador. La pena asignada es muy baja: reclusión menor en su grado mínimo (61 a 540 días), pero puede actuar como agravante la escucha ilegal, la que significaría apenas que la pena no puede imponerse en el mínimo, si es que no se considera que existan atenuantes. No deja de ser cómico que en el proyecto de ley que envió al congreso la pena mínima sea de 541 días, por cortar una calle por una manifestación (?!).

Insisto, de ser cierto, las cosas empiezan a sonar mal para quien se consideró a sí mismo como el Antonio Varas de este gobierno.

Una reconstrucción con altura de miras

Parece ser que la discusión sobre la reconstrucción se ha planteado únicamente desde la perspectiva de cuántas casas se han construido: incluso las protestas contra el gobierno han sido guiadas por la lentitud en el proceso de reconstrucción, olvidando tal vez lo más importante, que es la existencia de un plan para rehabilitar las zonas afectadas.

A tal punto ha sido olvidado este antecedente de crucial importancia que Patricio Zapata, en una columna de El Mercurio hizo un paralelo entre la reconstrucción luego del terremoto de 1939 y la actual, señalando los logros de la primera de acuerdo a las fechas de entrega de las obras públicas, en vez de señalar lo más importante: la existencia de un gobierno que buscó apoyos transversales para lograr no sólo reconstruir lo ya existente, sino además aprovechar la coyuntura para implementar planes de desarrollo.

La circunstancia es lamentable. La política partidaria chilena en algún momento parece haber comenzado a ver los árboles en vez del bosque, como podemos ver en las reconstrucciones posteriores a los terremotos de 1960 y 1985: Valdivia perdió la mayor parte de su industria y comenzó un declive pronunciado que aún no ha podido ser repuesto (y lo peor, las soluciones parciales han pasado por establecer proyectos que en otra parte no se hubiesen podido construir, como es el caso de CELCO); y Valparaíso pura y simplemente tocó fondo en 1985, transformándose en un fantasma de sí mismo, cosa que recién vino a cambiar con la promoción de la industria turística derivada de la declaración de Patrimonio de la Humanidad (o sea, ni siquiera fue un esfuerzo del Estado!).

La reconstrucción debe ser abordada incluso con mejor perspectiva que aquella de 1939, sabiamente llevada por los gobiernos radicales, que impulsaron la creación de industrias en la zona (como la Azucarera Nacional y la usina de Huachipato). No podemos seguir pensando en que esfuerzos aislados del Estado, destinados a una mera política asistencial, pueden contrarrestar los efectos de un cataclismo de este tipo, es necesario un acuerdo país para aprovechar una crisis de este tipo y transformarla en una oportunidad de mejorar la infraestructura productiva de las regiones afectadas.

No es que no hayan habido errores en los procesos de reconstrucción ni que éste se haya desarrollado con la celeridad adecuada. Menos aún, que no importe en realidad otorgar solución a quienes hayan perdido sus seres queridos, sus trabajos o sus herramientas para desarrollarlo; sino que se necesita un liderazgo y una visión de país respecto de este problema: nadie ha planteado seriamente, en circunstancias que se habla de crisis energética, de realizar inversiones en energías renovables no convencionales en las regiones afectadas, necesitadas de proyectos de esta naturaleza, capaces de absorber mano de obra, de proveer de empleos de calidad y de calificar capital humano.

Pero al parecer seguiremos discutiendo -por su gran relevancia- que el presidente se haya equivocado en su discurso.