Sobre Aylwin

En mis tiempos de universidad, se me ocurrió preguntar cuáles eran los cinco mejores presidentes de nuestra vida republicana. Ello excluye directores supremos y dictadores de uno y otro signo. Es una tarea ingrata; en general, no podemos hablar muy bien de presidentes que se sentaron en la testera a discutir con sus congéneres y obviaron el desarrollo del país al punto de empobrecerlo, razón por la cual la tarea de elegir a los peores presidentes resulta igualmente difícil dada la cantidad de candidatos. 

Lógicamente, es un punto en el que esperaba mucha divergencia, tal como sucede en Estados Unidos o en el Reino Unido, países en los que la lista varía según se le pregunte a la derecha o a la izquierda. No obstante, y probablemente por la ausencia de nombres disponibles, la lista rápidamente se redujo a unos pocos nombres: Pedro Aguirre Cerda, por darle énfasis a los procesos educativos como base del desarrollo y la creación de la CORFO; José Manuel Balmaceda, por enfrentarse a la oligarquía defendiendo las leyes laicas y pretender continuar el camino de industrialización que llevaba el país a la salida de la Guerra del Pacífico, a pesar de fracasar en lo segundo; el primer período de Arturo Alessandri, que llevó al término del seudoparlamentarismo que dañó permanentemente nuestra chance de desarrollo. 

De ahí en más, el tema podría haberse puesto espeso. Sin embargo, y para mi sorpresa, apareció la figura de Patricio Aylwin. La mirada de hoy podrá asignarle muchos defectos: que apoyó en un principio el golpe, que gobernó de manera tan moderada que no se impusieron cambios en el sistema, que comenzó la alineación de la Concertación y los partidos opositores a las ideas matrices de la dictadura. 

La verdad es que Aylwin, en alguna medida, está pagando por los errores de otros. En esta aseveración hay parte de contexto y parte de reflexión. Aylwin -y cualquier otra persona que hubiese llegado al poder en la época- se hubiese enfrentado directamente a los poderes que había dejado la dictadura en funcionamiento: Senado controlado a través de los designados, forzando a una democracia de acuerdos (tal vez por eso la nostalgia de cuanto personero de derecha han entrevistado en TV estos días), un Poder Judicial intervenido y aun con severas sospechas de corrupción (baste recordar el vergonzoso caso de Cereceda), Pinochet aún en la comandancia del Ejército y haciendo rabietas porque investigaban sus rapiñadas; organizaciones que habían sido fundadas para combatir a la dictadura seguían funcionando mediante el asalto a bancos y otras acciones violentas; un país que estaba saliendo de un "milagro económico" que lo había dejado con una inflación espantosa y una cifra de crecimiento magra. Sólo tras su gobierno vendrían las privatizaciones masivas, las concesiones, la falta de resolución acerca de las políticas públicas y la conciencia de estar legislando de acuerdo a ideas ajenas. 

La gran ventaja de Aylwin, y que se ha reforzado en estos días en que se recuerda su figura, es la de haber navegado en esos cauces oscuros con una mano firme, permitiendo la consolidación de una coalición política diversa y haber resistido adecuadamente a las presiones institucionales existentes en ese momento. El gobierno de Aylwin fue muy exitoso en la medida en que, precisamente, operó bajo las instituciones que le habían legado, pero también en la medida en que aseguró la pervivencia de gobiernos que no siguieran la línea directa de la dictadura. En este sentido, Aylwin fue el primero en colocar un ladrillo en el muro que hoy separa -con más o menos boquetes- al pinochetismo duro de la derecha; del resto se encargarían la London Clinic, Baltasar Garzón y las causas por Derechos Humanos.

La época de Aylwin tiene hartas sombras y pocos claros. Pero en alguna medida ha definido lo que hoy somos y nos ha permitido gozar de cierta estabilidad democrática. Nuestro país le debe mucho, a pesar de todo, y como todo hombre público, su legado está sujeto a escrutinio, pero es más probable que esté dentro de los grandes nombres que entre aquellos que han sido olvidados o repudiados.

PS: Sobre el quinto, no hay acuerdo, pero salió entre Juan Antonio Ríos y, especialmente, Domingo Santa María, por cerrar la Guerra del Pacífico y las leyes laicas, comienzo de la discusión de la separación entre la iglesia católica y el Estado. 

Los cinco más malos salen de Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuentes, Pedro Montt, Federico Errázuriz Echaurren, Carlos Ibáñez del Campo (2º), Gabriel González Videla y Emiliano Figueroa. Todos con muchos méritos para estar ahí. 

La perspectiva de Harry el Sucio

A principios de los '70, cuando a Clint Eastwood todavía le quedaba pelo, se estrenó una película llamada "Harry el Sucio" (Dirty Harry). Era el comienzo de la tradición del policía sin respeto a las reglas que veía su progreso en la investigación de un caso arruinada por la burocracia y el sistema judicial.

Por algún motivo, la idea que parece haberse instalado en la opinión pública, la prensa y algún sector del Congreso es la misma: las policías hacen su trabajo, pero los jueces, ideologizados con el garantismo penal, dejan libres a los detenidos, quienes vuelven a delinquir (la famosa "puerta giratoria"). Como la delincuencia es portada en la prensa, otorga votos y espacio en televisión, los órganos legislativos han incurrido en lo que se llama populismo penal: medidas efectistas, aumento descontrolado de las penas a los delitos de mayor connotación pública y apoyo a la institución con mayor popularidad, Carabineros.

Una de las medidas más absurdas a este respecto es la del denominado "control de identidad preventivo". Partamos por el nombre: el "preventivo" no es más que un mal eufemismo respecto del fondo; en realidad, disfraza la eliminación de los indicios necesarios para la realización de esta medida intrusiva, necesarios para su correcta aplicación. En la práctica, el control "preventivo" impone solapadamente la obligación de portar documentos de identidad, bajo sanción de detención. 

Por otra parte, quienes han propuesto el control de identidad preventivo no han reparado en dos aspectos esenciales: 

a) La amplitud que el propio control de tribunales ha dado al concepto de "indicios", presente en la norma respectiva -la idea es que no sea simplemente "olfato policial", es decir, una corazonada, lo que justifique el control. Estos indicios son, en general, hechos visibles; por ejemplo, se puede controlar la identidad de personas que van en un vehículo que fue identificado por terceros como participante en un delito, constituye indicio el que la persona pretenda evadir un simple control rutinario de tránsito, o se esconda o pretenda esconderse frente al paso de un radiopatrulla, etc.

b) El hecho que, a diferencia de lo que se sostiene públicamente, el control de identidad preventivo restringido no tendrá aplicación práctica, ya que además se autorizó a las policías a efectuar el control pleno "frente a un indicio de que la persona posee órdenes de detención pendientes", lo que es un sinsentido de proporciones considerando que un indicio de la existencia de una orden de detención no es algo que sea perceptible por el policía.

El control de identidad es, en sí mismo, un medio preventivo del delito, puesto que en presencia de un indicio de la comisión de un ilícito, autoriza al policía a solicitar los documentos de identidad de la persona, como también a registrar sus ropas y hasta su vehículo. Eliminar el indicio como limitante de la acción policial sólo redunda en dejar al arbitrio de un funcionario una posible privación de libertad, aunque sea de corto tiempo, aunado a una intromisión inaceptable en las libertades del individuo. 

Lo peor es que la evidencia apunta en la dirección contraria. A nivel macro, los jueces absuelven en casos muy limitados, otorgan regularmente la prisión preventiva cuando es solicitada y los plazos de condena han sido notablemente reducidos gracias al procedimiento penal moderno que rige en el país. El problema radica en una sensación de inseguridad que sí sube en las encuestas, a la vez que baja la victimización. A nivel directo, el control de identidad, ligado o desligado de la orden de detención, no tendrá efectividad alguna, ya que la eliminación de los parámetros para su aplicación, de suyo abiertos, no han impedido la proliferación de órdenes de detención pendientes; menos aún, es posible estimar su real impacto en la comisión de nuevos delitos. 

En la práctica, entonces, tendremos lo mismo que pasaba en la película Dirty Harry: un policía sin respeto a las reglas que, por perseguir delincuentes, terminaba torturando a uno en un campo de fútbol. Y perdiendo el caso por su propia culpa.

¿Exceso de tinta? La comprensión de las reglas de derecho (a propósito del derecho tributario)

Leo con algo de sorpresa la columna de Ignacio Briones, en Qué Pasa, acerca de un «exceso de tinta» en las leyes chilenas. Si bien comparto lo expresado por el columnista, en el sentido de permitir un uso fluido del lenguaje que permita un mayor acceso a la ley y a su interpretación por el ciudadano común, creo que su afán de sobresimplificación es atentatorio contra la misma idea de fondo que expresa en su columna, que no es otra que evitar la arbitrariedad en la interpretación de la norma; de hecho, su referencia a la existencia de principios generales sobre los cuales se permita imponer una regla determinada es, precisamente, todo lo contrario.

El problema central es que el derecho está compuesto de principios y de reglas, y ambos son esenciales para un sistema coherente. Si el sistema está compuesto sólo de reglas, éstas aparecen desvinculadas entre sí y como unidades aisladas, de modo tal que es imposible desentrañar un sentido auténtico en el sistema jurídico; de ahí que se haya puesto énfasis en la existencia de los principios como integradores, pero su función no puede reemplazar a las reglas puesto que éstas son las únicas que pueden contener órdenes o facultades.

Es adecuado y acertado decir que la demanda por claridad se debe aplicar a todo ámbito, desde la redacción misma de la ley hasta la tramitación legislativa. Pero también debe reconocerse que el ejemplo utilizado por el columnista es más bien absurdo: a diferencia de lo que sucede con el derecho civil, el administrativo o el penal, el derecho tributario obedece a un principio de legalidad estricto -sólo tiene impuestos aquello que la ley específicamente señala- lo que implica que se debe establecer diáfanamente en qué consiste cada hecho gravado y, de ser necesario, las respectivas excepciones y contraexcepciones.

Tal vez ello podría hacerse de una forma más sistemática, ya que, en efecto, las leyes tributarias a menudo son un marasmo incomprensible de muchos párrafos en los que una interpretación razonable escapa incluso a los expertos (sí, sin comillas). Pero ello también pasa por, por ejemplo, estructurar mejor las normas en artículos cortos que traten materias específicas, y agrupándolos en secciones que denoten una unidad de sentido, cosa que por ejemplo están presentes en los Códigos vigentes.

La ley, en sí misma, está hecha para comprender todos los casos bajo un supuesto de hecho al que le asocia consecuencias jurídicas. Cuando ese supuesto de hecho se vuelve complejo, la descripción legal también, y cuando ello es hecho en forma intencional obviamente que la ley debe ponerse en todos los casos que se le planteen. La forma sencilla de evitar eso es colocar cláusulas generales, como las antielusivas, pero en la discusión de la reforma tributaria fue considerado como inconstitucional. Tal vez el columnista quiera ahondar en ese motivo.

El umbral del desarrollo

Nuestra generación, auspiciada por los vientos favorables que soplan en la parte económica, ha escuchado incansablemente que Chile se encamina al desarrollo. Que el año 2000, que para el bicentenario, que para el 2030... siempre la fecha parece alejarse más y más. Las causas son variadas: no se creyó que podría haber una crisis proveniente de los países asiáticos y hubo que recuperarse; o la crisis vino desde los Estados Unidos y no se le supo hacer frente; o vino un desastre natural y los esfuerzos del gobierno se orientaron a solucionar la catástrofe; la lista podría seguir por el largo de esta columna. El punto sigue siendo el mismo: Chile se estanca en los países de ingresos medios-altos desde la mirada estrecha del PIB per cápita, por más que hayamos sido admitidos dentro de la OCDE (los países ricos, se supone).

Las respuestas a este estancamiento ya se han perpetuado desde un lado y de otro. Unos señalan que es la falta de dinamismo de la economía; alegan que se les ponen trabas al emprendimiento, que se demoniza el lucro, que debe haber más libertad personal y menos Estado. Los otros señalan que se debe corregir la desigualdad rampante en el país, y "corregir el modelo", apuntando a las protestas públicas que se sucedieron durante el pasado lustro, y apuntan a la educación como motor de ese cambio.

La pregunta que nos queda a nosotros, los más jóvenes, es si el problema del desarrollo puede solucionarse por referencia a una ideología -neoliberalismo económico y ultracapitalismo- o por el pragmatismo de suponer que una educación de calidad puede corregir los abusos del sistema. Y esa pregunta se pone más de relieve cuando sabemos que ciertos grupos económicos habrían intentado, derechamente, defraudar al Estado con el objeto de reducirse los impuestos, utilizando incluso el financiamiento de campañas políticas con esa finalidad. Más todavía si consideramos que, en gran parte, la estructura productiva del país está concentrada.

Y es que lo que nadie ha considerado es que Chile, desde un tiempo a esta parte, sólo exhibe números negativos. Las exportaciones de cobre crecieron al punto en que un porcentaje no despreciable del PIB depende de ellas; nuestra diversidad de exportaciones cayó, concentrándonos en bienes que no son de primera necesidad y que carecen de un valor agregado suficiente para permitir el crecimiento económico durable; la competitividad de nuestra economía decae y decae, producto de malas políticas educacionales que nos tienen como uno de los peores (104º del mundo!) países en torno al conocimiento matemático y científico; existe más de un 70% de personas con escolarización suficiente, pero con analfabetismo funcional; y en general, el sistema instaurado en Chile se conforma con entregar mínimos: sueldos, salud, pensiones -y todavía celebra cuando "baja" la estadística de pobreza.

¿Será que el problema está en que los grupos económicos pretenden perpetuarse sobre la base de mantener la estructura productiva primaria que existe, y están dispuestos a torcer las leyes y beneficiarse ellos y tan sólo ellos de las normas? No estamos haciendo nada por corregir las deficiencias que nos mantienen en el umbral del desarrollo.

La correcta comprensión de la libertad de enseñanza

Tal vez sea hora de entender más a cabalidad el concepto de libertad de enseñanza. Esto, en razón de que parte importante del debate acerca de las propuestas de reforma educacional se refieren a este tópico, pero desde una perspectiva que poco o nada se relaciona con el real contenido de ese derecho.

Recapitulando brevemente, debe señalarse que la libertad de enseñanza aparece recién como derecho fundamental en el catálogo de derechos que realizó la Constitución del Reino de Bélgica, en 1831. Ello supuso la concesión a los grupos católicos -mayoritarios en ese país- de la posibilidad de fundar, abrir y mantener establecimientos educacionales, reconociendo además el derecho de los padres de escoger la educación para sus hijos, lo que suponía un cambio radical respecto de la política educacional unificada nac ional que se impuso a partir de la Revolución Francesa, que buscaba precisamente combatir la influencia eclesiástica en la formación de la juventud. Hoy el derecho fundamental puede leerse en el artículo 24 de la norma fundamental belga. Con todo, el establecimiento de esta libertad no estuvo exento de polémica, y hubo reportes, veinte años después, que hablaban del "desastroso estado de la educación" en ese país, debido a la proliferación de establecimientos confesionales que carecían de calidad suficiente para formar a sus alumnos.

¿Le recuerda a algo lo anterior? Si conoce la historia, debería: en Chile, la fusión liberal-conservadora que llevó al gobierno a José Joaquín Pérez y a Federico Errázuriz, impuso a un conservador católico como ministro de Instrucción Pública, Abdón Cifuentes. Este personaje defendió los ideales católicos ultramontanos de la época con vigor, estando ligado al nacimiento de la Universidad Católica y oponiéndose incluso a las leyes laicas. Parte de su legado se refiere precisamente al decreto que permitió a los colegios católicos tomar sus propios exámenes, terminando con la dependencia que tenían respecto del Instituto Nacional. El resultado fue que Balmaceda tuvo que reformar el sistema de enseñanza, veinte años después.

El que una persona pueda fundar, abrir y mantener un establecimiento educacional es ante todo un derecho fundamental; así ha sido reconocido a través de la práctica internacional que pone el acento en el reconocimiento de la diferencia y en el respeto a la pluralidad. Puede citarse a este respecto la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001, que pone el énfasis en el reconocimiento del derecho a la educación y a la formación de calidad con respeto a la identidad cultural de la persona (artículo 5º). Sin embargo, la comprensión de la libertad de enseñanza ha ido inclinándose hacia el derecho de los padres o tutores de escoger la educación de sus hijos. Por ejemplo, así aparece en los distintos instrumentos internacionales referidos al tema: la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (artículo 13), y, en fin, la Convención de la UNESCO contra la Discriminación en la Educación, de 1960 (artículo 5º, letras b) y c)). El sentido de permitir la apertura y continuación del establecimiento educacional se refiere en último término, a la posibilidad de los padres de elegir una educación distinta a la ofrecida por el Estado.

Si se mira el estado actual de las cosas, el problema se encuentra precisamente en que la libertad de elegir el establecimiento educacional para los padres del niño está siendo denegada en la práctica. La existencia de barreras debido a la selección de parte de los colegios y la discriminación por medios económicos vuelve absolutamente irrelevante el derecho a escoger un tipo de educación específico, que respete la identidad cultural de la persona. Este derecho no se protege permitiendo el copago, o defendiendo la discriminación en el ingreso. Se hace al revés, y de hecho, ya existe un ejemplo en el mundo. Si se lee la Constitución de Países Bajos (Holanda, para los perdidos), se encuentra que se garantiza un financiamiento idéntico a escuelas privadas y públicas, por supuesto, sin que exista un desembolso adicional de parte de los padres. Es a eso a lo que debiéramos apuntar, y si bien la reforma da un paso relevante, puesto que lo consagra a propósito de los colegios que reciben subvención estatal, no completa el paso siguiente que es abarcar a toda la educación. Defender la libertad de enseñanza es defender el derecho a elegir, no el derecho a discriminar.

Pelea: ¿El servicio que yo elijo o el que me quieran ofrecer?

Hoy tuve que ir de una carrera a abrirle la puerta del departamento a mi papá, que gentilmente está instalando las cortinas (soy cero a la izquierda en estas cosas manuales), y por esas casualidades de la vida, me encontré con la ejecutiva de Movistar que tiene a cargo el edificio. Sí, a cargo, leyó bien. Por la estructura propia de nuestro "capitalismo" a la chilena, no existe una competencia real entre las compañías de televisión por cable, internet y telefonía fija en los edificios de departamentos, sino por el contrario, incentivos a las constructoras para que el cableado que se instale sólo permita la conexión a una compañía. En cualquier caso, como diría mi (más bien, definitivamente) profesor de economía de la U, el problema central estriba en la existencia de costos fijos altos pero decrecientes, lo que en español corriente quiere decir que el primer cliente implica un gasto enorme por causa de la creación de la red, pero que cada cliente nuevo que se conecta aprovecha esa misma red a un costo muy inferior, tal como pasa en el agua potable y el alcantarillado. Esta clase de falla de mercado se denomina "monopolio natural", porque no puede evitarse.

¿Cuál es el problema? Que en este caso no hay un monopolio natural. No puede haberlo porque la existencia de la red de conexión para telefonía, TV cable e internet debería poder ser aprovechada por cualquiera de las compañías que prestan el servicio (que además está concentrado principalmente en tres compañías que ofrecen "packs"). De hecho, esta forma de interconexión es tan vieja que en el año 1982 (!) ya se había planteado un caso (Loretto v. Teleprompter Manhattan CATV Corp., 458 U.S. 419) ante la Suprema Corte de EEUU a propósito de la caja que sirve a estos efectos -y que es uno de los casos centrales de lo que se conoce como regulatory takings en el marco del derecho de ese país, y que en Chile se examina a propósito de la responsabilidad del Estado. O sea, el problema es que el Estado no ha regulado las condiciones precisas y exactas para que exista un mercado real en los edificios de departamentos, y en vez de ello, existe un monopolio.

Y eso trae consecuencias al consumidor del servicio, lamentablemente. El monopolio implica una posición dominante que perjudica a la contraparte, ya que la única forma de obtener el bien o servicio de que se trate es a través de quien controla su oferta, pudiendo imponer un producto de carácter deficiente, o cobrar más por el servicio, maximizando sus utilidades por sobre el equilibro entre oferta y demanda (todo esto según la teoría clásica). En mi caso, como consumidor, ello no se realiza en forma evidente, sino de una forma mucho más sutil, pero no por ello menos perjudicial: los planes que ofrecen no son todos los que ofrecen en el mercado, sino aquellos de mayor valor económico. Sí, leyó bien: no puedo contratar un plan de internet de menor capacidad o el TV cable que yo elija, sino aquel que ellos quieran darme. Y todo esto por un costo superior en diez mil pesos mensuales al que yo había estimado como gasto máximo en el ítem, ya que mis necesidades en internet y televisión son bastante limitadas, a decir verdad, en razón del tiempo que paso en casa.

Por supuesto que me retrucarán diciendo que existe el internet móvil y la TV satelital como alternativas plausibles a la utilización del servicio monopolizado, y que eso impide que exista un real monopolio en el caso concreto. En realidad, si fueran alternativas razonables, no existiría el problema; sin embargo, es precisamente la imposibilidad de realizar una conexión mediante antena lo que constituye el problema central que crea el monopolio.

Por suerte, se tramita en el Congreso Nacional una reforma que impide esta clase de arreglos y libera a los consumidores de servicios de telefonía, TV Cable e internet del monopolio artificial que se genera. Espero que se acuerden de nosotros que estamos obligados a recibir el servicio que quieran entregarnos, no el que nosotros queramos pagar.

El error del observatorio judicial

¿Por dónde partimos para explicar lo malo de una propuesta como el observatorio judicial? ¿Diciendo que se trata de una alteración al normal funcionamiento de las instituciones democráticas? ¿O que es completamente inútil para el fin propuesto? ¿O simplemente que en su propuesta de implementación se ven errores enormes que impiden cualquier valor a las conclusiones a las que arribe? Creo que cada una de esas interrogantes merece una consideración separada.

Lo primero es relativamente obvio: el juez debe ceñirse a la prueba producida en el juicio y al derecho (o en forma residual, a la equidad, artículo 170 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil). En su consideración no puede estar ni siquiera lo favorable u odioso de una disposición al caso particular, como señalan la reglas generales de interpretación de la ley. Su independencia debe ser resguardada celosamente, ya que en ella se contiene una base importante no sólo de la jurisdicción, sino también de un Estado democrático de derecho: en la medida en que el juez pueda ver comprometida su carrera al interior del poder judicial o su amovilidad en razón de sus decisiones, se interfiere y se anula esa independencia y con ello se somete al poder destinado a hacer valer lo suyo de cada uno a la decisión de una autoridad distinta. Es en razón de ello que existe el artículo 76 de la Constitución: el poder judicial requiere de una configuración que lo aleje de las presiones políticas y de las decisiones del administrador de turno, para poder aplicar el derecho al caso en forma prístina. Un observatorio judicial del Ejecutivo -por más que se presente en la forma de uno administrado por una universidad- rompe con el modelo de independencia judicial: la revisión de los fallos se realiza mediante los canales naturales del derecho, donde aparecen conceptos como la impugnación en sentido genérico y el recurso, como medio especial.

Pero más aún, hay que considerar específicamente que la medida, en sí misma, es inútil para el fin propuesto. Los jueces no son parte de la lucha contra la delincuencia, son el Ministerio Público, la Subsecretaría de Prevención del Delito y las policías los encargados de eso. El observatorio judicial todavía no dice cómo influirá en el comportamiento judicial, si a través de bajas calificaciones o derechamente, como guía para los ascensos, siendo en ambos casos intervenciones directas en el poder judicial. Por otra parte, creo que es necesario recordar que más allá de los nombramientos turbios de Rosende, ni la dictadura justificó el control de los jueces y de sus resoluciones, ni menos, ha sido materia propuesta por políticos de ultraderecha en Europa.

Y para concluir, la implementación se haría mediante un convenio con una Universidad, como si de ello dependiera su independencia. Eso es falso, lo que está en juego no es la independencia del observatorio mismo sino que del poder judicial, en la forma en que se viene explicando. Esto tiene relevancia por otro motivo: al instalarse el discurso (falso y mentiroso) de la puerta giratoria, lo que se señala es que son los jueces los que, en presencia de pruebas suficientes, actúan con lenidad frente al infractor de la ley (lo que se denomina "garantismo" judicial, en forma errónea). Sin embargo, lo que cabe preguntarse en primer término es si ante los jueces se están planteando las estrategias en forma adecuada y pruebas obtenidas de modo legal, de modo tal de poder llegar a resultados condenatorios. En forma más concreta: no basta haber sido detenido en una marcha para que se considere que se trata de un "encapuchado" que merece el rigor de la ley; se tiene que estar en presencia de un delito y que esa persona en particular lo haya cometido o haya facilitado de algún modo su comisión. Pretender que una persona detenida es una persona culpable a secas recuerda épocas tristes de nuestra historia y favorece el abuso policial, pero en poco y nada ayuda a establecer estrategias reales contra el delito.