lunes, 5 de octubre de 2015

La perspectiva de Harry el Sucio

A principios de los '70, cuando a Clint Eastwood todavía le quedaba pelo, se estrenó una película llamada "Harry el Sucio" (Dirty Harry). Era el comienzo de la tradición del policía sin respeto a las reglas que veía su progreso en la investigación de un caso arruinada por la burocracia y el sistema judicial.

Por algún motivo, la idea que parece haberse instalado en la opinión pública, la prensa y algún sector del Congreso es la misma: las policías hacen su trabajo, pero los jueces, ideologizados con el garantismo penal, dejan libres a los detenidos, quienes vuelven a delinquir (la famosa "puerta giratoria"). Como la delincuencia es portada en la prensa, otorga votos y espacio en televisión, los órganos legislativos han incurrido en lo que se llama populismo penal: medidas efectistas, aumento descontrolado de las penas a los delitos de mayor connotación pública y apoyo a la institución con mayor popularidad, Carabineros.

Una de las medidas más absurdas a este respecto es la del denominado "control de identidad preventivo". Partamos por el nombre: el "preventivo" no es más que un mal eufemismo respecto del fondo; en realidad, disfraza la eliminación de los indicios necesarios para la realización de esta medida intrusiva, necesarios para su correcta aplicación. En la práctica, el control "preventivo" impone solapadamente la obligación de portar documentos de identidad, bajo sanción de detención. 

Por otra parte, quienes han propuesto el control de identidad preventivo no han reparado en dos aspectos esenciales: 
a) La amplitud que el propio control de tribunales ha dado al concepto de "indicios", presente en la norma respectiva -la idea es que no sea simplemente "olfato policial", es decir, una corazonada, lo que justifique el control. Estos indicios son, en general, hechos visibles; por ejemplo, se puede controlar la identidad de personas que van en un vehículo que fue identificado por terceros como participante en un delito, constituye indicio el que la persona pretenda evadir un simple control rutinario de tránsito, o se esconda o pretenda esconderse frente al paso de un radiopatrulla, etc.
b) El hecho que, a diferencia de lo que se sostiene públicamente, el control de identidad preventivo restringido no tendrá aplicación práctica, ya que además se autorizó a las policías a efectuar el control pleno "frente a un indicio de que la persona posee órdenes de detención pendientes", lo que es un sinsentido de proporciones considerando que un indicio de la existencia de una orden de detención no es algo que sea perceptible por el policía.

El control de identidad es, en sí mismo, un medio preventivo del delito, puesto que en presencia de un indicio de la comisión de un ilícito, autoriza al policía a solicitar los documentos de identidad de la persona, como también a registrar sus ropas y hasta su vehículo. Eliminar el indicio como limitante de la acción policial sólo redunda en dejar al arbitrio de un funcionario una posible privación de libertad, aunque sea de corto tiempo, aunado a una intromisión inaceptable en las libertades del individuo. 

Lo peor es que la evidencia apunta en la dirección contraria. A nivel macro, los jueces absuelven en casos muy limitados, otorgan regularmente la prisión preventiva cuando es solicitada y los plazos de condena han sido notablemente reducidos gracias al procedimiento penal moderno que rige en el país. El problema radica en una sensación de inseguridad que sí sube en las encuestas, a la vez que baja la victimización. A nivel directo, el control de identidad, ligado o desligado de la orden de detención, no tendrá efectividad alguna, ya que la eliminación de los parámetros para su aplicación, de suyo abiertos, no han impedido la proliferación de órdenes de detención pendientes; menos aún, es posible estimar su real impacto en la comisión de nuevos delitos. 

En la práctica, entonces, tendremos lo mismo que pasaba en la película Dirty Harry: un policía sin respeto a las reglas que, por perseguir delincuentes, terminaba torturando a uno en un campo de fútbol. Y perdiendo el caso por su propia culpa.

jueves, 4 de junio de 2015

¿Exceso de tinta? La comprensión de las reglas de derecho (a propósito del derecho tributario)

Leo con algo de sorpresa la columna de Ignacio Briones, en Qué Pasa, acerca de un «exceso de tinta» en las leyes chilenas. Si bien comparto lo expresado por el columnista, en el sentido de permitir un uso fluido del lenguaje que permita un mayor acceso a la ley y a su interpretación por el ciudadano común, creo que su afán de sobresimplificación es atentatorio contra la misma idea de fondo que expresa en su columna, que no es otra que evitar la arbitrariedad en la interpretación de la norma; de hecho, su referencia a la existencia de principios generales sobre los cuales se permita imponer una regla determinada es, precisamente, todo lo contrario.

El problema central es que el derecho está compuesto de principios y de reglas, y ambos son esenciales para un sistema coherente. Si el sistema está compuesto sólo de reglas, éstas aparecen desvinculadas entre sí y como unidades aisladas, de modo tal que es imposible desentrañar un sentido auténtico en el sistema jurídico; de ahí que se haya puesto énfasis en la existencia de los principios como integradores, pero su función no puede reemplazar a las reglas puesto que éstas son las únicas que pueden contener órdenes o facultades.

Es adecuado y acertado decir que la demanda por claridad se debe aplicar a todo ámbito, desde la redacción misma de la ley hasta la tramitación legislativa. Pero también debe reconocerse que el ejemplo utilizado por el columnista es más bien absurdo: a diferencia de lo que sucede con el derecho civil, el administrativo o el penal, el derecho tributario obedece a un principio de legalidad estricto -sólo tiene impuestos aquello que la ley específicamente señala- lo que implica que se debe establecer diáfanamente en qué consiste cada hecho gravado y, de ser necesario, las respectivas excepciones y contraexcepciones.

Tal vez ello podría hacerse de una forma más sistemática, ya que, en efecto, las leyes tributarias a menudo son un marasmo incomprensible de muchos párrafos en los que una interpretación razonable escapa incluso a los expertos (sí, sin comillas). Pero ello también pasa por, por ejemplo, estructurar mejor las normas en artículos cortos que traten materias específicas, y agrupándolos en secciones que denoten una unidad de sentido, cosa que por ejemplo están presentes en los Códigos vigentes.

La ley, en sí misma, está hecha para comprender todos los casos bajo un supuesto de hecho al que le asocia consecuencias jurídicas. Cuando ese supuesto de hecho se vuelve complejo, la descripción legal también, y cuando ello es hecho en forma intencional obviamente que la ley debe ponerse en todos los casos que se le planteen. La forma sencilla de evitar eso es colocar cláusulas generales, como las antielusivas, pero en la discusión de la reforma tributaria fue considerado como inconstitucional. Tal vez el columnista quiera ahondar en ese motivo.

lunes, 23 de marzo de 2015

El umbral del desarrollo

Nuestra generación, auspiciada por los vientos favorables que soplan en la parte económica, ha escuchado incansablemente que Chile se encamina al desarrollo. Que el año 2000, que para el bicentenario, que para el 2030... siempre la fecha parece alejarse más y más. Las causas son variadas: no se creyó que podría haber una crisis proveniente de los países asiáticos y hubo que recuperarse; o la crisis vino desde los Estados Unidos y no se le supo hacer frente; o vino un desastre natural y los esfuerzos del gobierno se orientaron a solucionar la catástrofe; la lista podría seguir por el largo de esta columna. El punto sigue siendo el mismo: Chile se estanca en los países de ingresos medios-altos desde la mirada estrecha del PIB per cápita, por más que hayamos sido admitidos dentro de la OCDE (los países ricos, se supone).

Las respuestas a este estancamiento ya se han perpetuado desde un lado y de otro. Unos señalan que es la falta de dinamismo de la economía; alegan que se les ponen trabas al emprendimiento, que se demoniza el lucro, que debe haber más libertad personal y menos Estado. Los otros señalan que se debe corregir la desigualdad rampante en el país, y "corregir el modelo", apuntando a las protestas públicas que se sucedieron durante el pasado lustro, y apuntan a la educación como motor de ese cambio.

La pregunta que nos queda a nosotros, los más jóvenes, es si el problema del desarrollo puede solucionarse por referencia a una ideología -neoliberalismo económico y ultracapitalismo- o por el pragmatismo de suponer que una educación de calidad puede corregir los abusos del sistema. Y esa pregunta se pone más de relieve cuando sabemos que ciertos grupos económicos habrían intentado, derechamente, defraudar al Estado con el objeto de reducirse los impuestos, utilizando incluso el financiamiento de campañas políticas con esa finalidad. Más todavía si consideramos que, en gran parte, la estructura productiva del país está concentrada.

Y es que lo que nadie ha considerado es que Chile, desde un tiempo a esta parte, sólo exhibe números negativos. Las exportaciones de cobre crecieron al punto en que un porcentaje no despreciable del PIB depende de ellas; nuestra diversidad de exportaciones cayó, concentrándonos en bienes que no son de primera necesidad y que carecen de un valor agregado suficiente para permitir el crecimiento económico durable; la competitividad de nuestra economía decae y decae, producto de malas políticas educacionales que nos tienen como uno de los peores (104º del mundo!) países en torno al conocimiento matemático y científico; existe más de un 70% de personas con escolarización suficiente, pero con analfabetismo funcional; y en general, el sistema instaurado en Chile se conforma con entregar mínimos: sueldos, salud, pensiones -y todavía celebra cuando "baja" la estadística de pobreza.

¿Será que el problema está en que los grupos económicos pretenden perpetuarse sobre la base de mantener la estructura productiva primaria que existe, y están dispuestos a torcer las leyes y beneficiarse ellos y tan sólo ellos de las normas? No estamos haciendo nada por corregir las deficiencias que nos mantienen en el umbral del desarrollo.