lunes, 14 de octubre de 2013

Reforma al Congreso Nacional

Dentro de los temas que se han planteado en la campaña presidencial, uno de los más reiterados es el de la reforma política, es decir, el cambio constitucional orgánico. Aparte de algunas cuestiones relativamente obvias, como la eliminaparlamentariosjo de Seguridad Nacional -hoy un instrumento inerte dada su reforma el 2005- es la reforma al Congreso Nacional una de las que suscita una mayor discrepancia, ya que a su vez se relaciona con la forma de entender a ese órgano público. 

A estas alturas, pareciera ser que el reclamo de mayor proporcionalidad en la repartición de los puestos al interior del Congreso no ofrece una resistencia seria en los grupos que tradicionalmente han denegado esta clase de reformas; tal vez la única sea que una reforma podría propiciar una «centralización» del Congreso, otorgando preeminencia a Santiago sobre las regiones extremas en razón de su población. No obstante, no existe una claridad real sobre el alcance y profundidad de esa reforma. Al parecer, lo único claro es que habrá un redistritaje con el objeto de que se aumente la cantidad de diputados por distrito, fusionando los actuales; no hay acuerdo ni si habrá aumento en el número de diputados ni cómo se realizará una reforma al Senado. 

Aquí aparecen tres cuestiones que es conveniente despejar -y que son el núcleo de esta columna- y que van entrelazadas: si el número de parlamentarios es el adecuado, si la proporcionalidad a secas es deseable y cuál es la función última de la bicameralidad.

La primera es fácilmente resuelta: no. El actual número de diputados y senadores es a todas luces insuficiente para obtener una proporcionalidad real. En Chile hay distritos como el 6 (Huasco, Freirina, Alto del Carmen y el sur de la región de Atacama) que tienen 43.000 votantes, y otros como el 20 (Cerrillos, Estación Central y Maipú) que tienen más de 240.000, y sin embargo ambos eligen dos diputados cada uno. La única forma de obtener una proporcionalidad real sin modificar la cantidad de congresistas sería la de fusionar distritos con baja cantidad de electores y dividir los mayores. Sin embargo, esa solución implicaría tener que dividir incluso algunas comunas que por sí mismas constituyen distritos electorales (como la 26, La Florida, que tiene más de 140.000 sufragantes) y a su vez, unir distritos electorales con pocos elementos en común, imponiendo candidatos lejanos a los problemas del electorado o representando únicamente a las cabeceras de distrito. 

Es claro que la idea de aumentar la cantidad de parlamentarios es muy poco popular. Se ha instalado una idea populista y radicalmente antipolítica respecto del trabajo parlamentario, lo que se demuestra en las encuestas sobre «aprobación del trabajo» de ambas Cámaras, combinadas o por separado. Sin considerar las derivaciones profundas de esa percepción pública, lo cierto es que hay una parte de esa mala evaluación se debe a la falta de representatividad en un Congreso empatado a la fuerza y a la nula importancia que otorga al voto la existencia de un sistema diseñado para impedir modificaciones reales al sistema. Por otra parte, la experiencia comparada nos muestra que 120 diputados para más de 16 millones y medio de habitantes (si le creemos la cifra al censo de 2012) es una cifra francamente insuficiente: tomando como referencia países de tamaño similar de población, estamos muy a la zaga: Ecuador tiene 137 diputados, con 15 millones de habitantes; Rumania, 407 escaños para 20 millones de habitantes; Países Bajos, 150 diputados (con sistema mayoritario) para 17 millones; Australia, los mismos 150 para un estimado de 23 millones. Ni hablar de los países escandinavos: 347 escaños en Suecia para poco más de 9 millones de habitantes; en Noruega, 169 para 5 millones; en Finlandia, 200 para cinco millones y medio y en Dinamarca, 179 para poco más de esos cinco millones y medio.

Lo relevante de las cifras anteriores es que para mantener una estructura distrital parecida a la actual -y con ello mantener la accountability necesaria de los parlamentarios, salvo los ajustes necesarios de población por actualización- se deben aumentar el número de escaños, conservando la proporción entre electores y elegidos, o sea, que haya distritos con mayor cantidad de parlamentarios. Esto lleva a un segundo problema, que es si la proporcionalidad a secas es deseable. 

En un sistema ideal, sin distorsiones de ninguna especie, el voto en cada distrito es equivalente al emitido en otro, en el sentido que posee el mismo peso específico para poder elegir un representante en el Congreso. No obstante, las distorsiones se producen, tanto por acción del sistema electoral como del distritaje. Por otra parte, ese sistema ideal genera una representación aumentada de los distritos con mayor población por sobre aquellos menos habitados, lo que en el caso de Chile genera centralización de la representación.  En el ejemplo que se dio previamente, si asignamos un diputado al distrito 6, el distrito 20 debiera llevarse seis, y el 26, 3 ó 4. Por ello, se ha planteado que la proporcionalidad a secas no debiera aplicarse en Chile, debiendo existir correctivos para la representación adecuada de las regiones.

Sin embargo, creo que la solución no pasa por introducir correctivos en ambas cámaras. La Cámara de Diputados, al menos, debe garantizar una representación adecuada en forma proporcional a la población. Ese correctivo debe consistir en la integración del Senado, como balance. A modo de ejemplo, en EEUU hay una división en distritos mayoritarios a la Cámara baja, pero cada Estado elige dos senadores con distritos at large, no importando su población. Aún así, una solución de esa naturaleza debe ser matizada por el agudo desbalance de población existente incluso al interior de las regiones. Por ello, tal vez sea posible elegirlos por provincia o agrupación de provincias, nuevamente, con sistema proporcional.

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